La vigente Ley de Suelo de 2007, con varias modificaciones posteriores, estableció una reserva obligatoria de edificabilidad residencial para vivienda protegida, reserva que ha contemplado la mayor parte de las leyes urbanístias de España. Cabría preguntarse si esa reserva es útil o completamente inútil para facilitar el derecho de los españoles de acceso a una vivienda.
La realidad es que más importante que la reserva para vivienda protegida es la existencia de una política activa y eficiente en materia de vivienda protegida, dado que la Ley de Suelo de 1956 no estableció una reserva para vivienda protegida a pesar de lo cual, en los años sesenta y setenta se construían, según los datos que facilita EMILIO EIRANOVA (Eiranova Encinas, Emilio y otros autores “Sistema de vivienda protegida”, Editorial La Ley, 2010), aproximadamente unas 100.000 viviendas de protección oficial anuales por el Instituto Nacional de la Vivienda que adquirían los españoles en propiedad, cantidad muy superior a la que se construye en la actualidad teniendo esta reserva para este tipo de viviendas, que además en la actualidad, se ceden más en alquiler que en propiedad, algo que evidentemente es mucho peor para el patrimonio y el ahorro de las familias, por muy positivo que se quiera ver y por mucho que se quiera comparar con otros países europeos.
El fracaso de las actuales políticas de vivienda protegida es una gran evidencia que además, no se ha paliado ni mucho menos la reserva para este tipo de viviendas, pues de hecho, desde la previsión de esta reserva en la Ley de Suelo de 2007, el número de viviendas protegidas construidas en España se ha desplomado, según los datos que da SERNA IGLESIAS («Una visión panorámica sobre la necesidad de liberalizar el suelo en España”, Jesús Tomás Serna Iglesias, Práctica Urbanística, Nº 160, Sección Estudios, Septiembre-Octubre 2019, Wolters KluwerLA), que expone en su libro que entre los años 2000 y 2008 se iniciaron, de media, 72.673 inmuebles al año, mientras que en el periodo 2009-2017 ese promedio bajó hasta los 24.761 inmuebles. La recuperación no ha tenido el efecto deseado ya que el año pasado (2018) se entregaron las llaves de 4.938 viviendas, la cifra más baja en 30 años.
En definitiva, si la política de vivienda está en la actualidad enfocada a las ayudas al alquiler y a la rehabilitación y no a la construcción de nuevas viviendas, la reserva obligatoria de suelo para vivienda protegida es completamente inútil, por lo que deberían ser los Ayuntamientos los que en base a la demanda existente así como a su capacidad y previsiones de construir o promover viviendas de protección oficial, tuviesen la competencia de establecer de forma justificada la reserva necesaria para vivienda protegida.