El ex director general Urbanismo de la Junta de Andalucía José María Morente -que actualmente desempeña el cargo en el Ayuntamiento de Marbella- participó en una segunda jornada organizada por la fundación FYDU para abordar las novedades que la nueva legislación urbanística andaluza, la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) refleja sobre ejecución y disciplina urbanística. El experto valoró que el nuevo texto delimite las competencias de la administración regional y la local.
Marbella, 13 de abril de 2022.- La Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico (FYDU) prosigue con el análisis de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La segunda jornada organizada para tal efecto se centró en la clasificación de suelo y el planeamiento urbanístico y territorial, además de “una de las grandes novedades” de esta Ley que son las actuaciones de transformación urbanística, explicó en la presentación el presidente de FYDU, Alejandro Criado, justo antes de dar paso al exdirector general de Urbanismo de la Junta de Andalucía y actual director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, José María Morente, quien señaló que “hay dos operaciones muy llamativas en la LISTA” En primer lugar se refirió a la coexistencia de la ordenación del territorio y la urbanística, “porque así hemos conseguido que todo esté en un único cuerpo legal y hemos delimitado las competencias de los ayuntamientos y la Junta”. En este sentido añadió que “hasta ahora había un poco de batiburrillo y una invasión de competencias de la comunidad autónoma sobre la administración local”. Respecto a la segunda “operación llamativa” de la LISTA, Morente indicó que se trata de “la revolución que ha habido en el planeamiento” a partir de un modelo jerarquizado, general y detallado que lo convertía en “muy complicado”
Llamó la atención por otra parte sobre el cambio de nomenclatura de los suelos rústicos “protegidos” que ahora se llaman “preservados” porque en realidad “no se protegen sino que se están preservando de una determinada transformación en un momento puntual, sin que quiera decir que en un plan posterior se pueda reconsiderar”. Remarcó a este respecto que un suelo protegido “no se puede transformar ni ahora ni luego”.
A Morente le siguió en la jornada el propio Criado, que participó para hablar de las clases de suelo contenidas en la LISTA. Empezó su ponencia preguntando si “estamos con un nuevo modelo de clasificación de suelo ¿o es un cambio de denominación?” Contestando él mismo la cuestión, el presidente de FYDU, djio que el modelo urbanístico de 1956 “ha cambiado sólo en matices” y por tanto “no hay un cambio radical en el modelo aunque tampoco es un simple cambio en la denominación”.
Advirtió que “desaparece el suelo urbanizable” tal y como ocurre en las leyes urbanísticas de la mayoría de los países desarrollados. Ahora hay “propuestas de ámbito de actuaciones de transformación urbanística” que “es temporal”, el suelo no va a tener una expectativa urbanística “para siempre” sino que “si no se tramita un Plan Parcial en un tiempo ese ámbito desaparece y deja de tener validez”.
Sobre el suelo urbano, Criado destacó que la LISTA introduce el concepto de “asentamiento” y planteó varias dudas al respecto de las características que deben reunir. Se preguntó qué pasa si “el Plan” no recepciona las obras de urbanización “algo que es bastante común”: ¿no es urbano?, ¿no es edificable? Además, respecto al criterio de contar con los servicios básicos, apuntó lo que ocurre con muchas urbanizaciones que no cuentan con una red de saneamiento y disponen de fosas sépticas, porque “ahora sí aparece” ese requisito. ¿Qué suelo sería entonces? ¿Rústico? También son suelos urbanos, advirtió, los suelos rurales tradicionales aunque “sea complicado a veces distinguirlo de un diseminado”
Pero en opinión del abogado experto en urbanismo, “el gran cambio o matiz en suelo urbano” se refiere a que “ahora no hay posibilidad de asimilación entre el suelo no incluido en la actuación de transformación urbanística y el suelo urbano consolidado”. Explicó en este sentido que con la LOUA existía el suelo urbano consolidado que “era el edificable” y el no consolidado que “era aquél sujeto a una actuación de transformación”.
Sobre el rústico, resaltó el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por “quienes están en desacuerdo con que la LISTA dé flexibilidad a la transformación de suelo”. A juicio de Criado “están muy equivocados” porque la nueva Ley urbanística de Andalucía “está precisamente muy limitada por la posibilidad de transformación de suelo y por otro lado está la legislación ambiental” con lo que “no da pie a arbitrariedad alguna que no se pudiera cometer con la LOUA”. Lo que ocurre es que “da más flexibilidad” en el sentido de que el planeamiento “ahora es más sencillo”
Por su parte, el director de CAI Consultores, Luis Cepedano -el último en intervenir en la jornada-, habló sobre planeamiento urbanístico y territorial. Lamentó que “hasta ahora haya habido falta de planificación territorial” como evidencia el ejemplo de que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) “no hablaba de turismo cuando es una de las actividades más importantes dentro de Andalucía”.
Con la LISTA, consideró Cepedano, lo más importante es que se introducen “unas previsiones” para la ejecución del planeamiento y “se crean las memorias de gestión para el seguimiento de la planificación”.
Llamó la atención por otra parte sobre que la protección del litoral se deje para el POTA pero “no están las funciones que se le asignan a los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional”, cuando “sí deberían estar incluidas” porque “no deben ser las mismas protecciones en una conurbación urbana como puede ser la Costa del Sol que en otros territorios con otra ocupación como el cabo de Gata o la costa del Huelva”.
Valoró además el fundador de CAI Consultores que la LISTA suprima “la cascada” de aprobaciones provisionales. Éstas podían suponer, al tener que pasar por Junta de Gobierno Local, comisiones y el Pleno municipal, “un retraso de entre tres y seis meses” para el proceso. Ahora se consigue agilizarlo. Además, añadió, se limita el dictamen del consejo consultivo que solamente afectará a las modificaciones sobre sistemas generales y sistemas locales de espacios libres, pero no a los equipamientos.