El arquitecto y ex director general de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de Fomento ha aludido al artículo 20 de la actual legislación como uno de los impedimentos de que haya la oferta que la demanda actual requiere
Madrid, 7 de abril de 2025.- El arquitecto y ex director general de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de Fomento, Fernando Nasarre, ha señalado que las limitaciones que existen en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son una de las causas del actual alto precio de la vivienda en España. El experto urbanista ha destacado que el artículo 20 de la actual legislación nacional es uno de los impedimentos de que haya la oferta que la demanda requiere, en tanto que “limita la disponibilidad de suelo urbanizable o a transformar y es una disposición que se traslada directamente a los ayuntamientos, de modo que puede ser una causa de que no haya suficiente oferta para la demanda existente”.
El arquitecto se ha manifestado de esta forma durante su ponencia “Las redes públicas y los patrimonios públicos de suelo” que forma parte del XX Programa de Especialista en Urbanismo para Madrid. Nasarre ha señalado que el tema de la vivienda “es ahora mismo el mayor tema preocupante de los españoles” puesto que “los precios son ciertamente elevados para un sector amplio de la población”, al tiempo que ha matizado que “es un asunto muy complejo y no hay recetas mágicas para resolverlo aunque hay cuestiones en las que todo el mundo está de acuerdo como que cuando hay tanta demanda, hay que mejorar la oferta, porque una demanda sin oferta no resuelve el tema”. En este sentido, el arquitecto ha sido tajante: “En la actualidad no hay oferta, ni en precio ni en cantidad”.
Sobre el mismo asunto ha considerado que es “una exageración” que se tenga que reservar actualmente un 30% del suelo urbanizable y un 20% del suelo urbano para la construcción de vivienda protegida, porque con carácter general, no todos los municipios son iguales, no todos los sectores son iguales y no tienen el mismo ámbito”. Y en esto, ha subrayado, “la Comunidad de Madrid ha planteado ciertas matizaciones”.
Ha señalado igualmente que el Gobierno autonómico madrileño ha adoptado dos medidas “importantes” sobre la implantación de las viviendas públicas protegidas, como permitir el uso de este tipo de inmuebles en suelos vacantes de la red de servicios o de equipamientos, lo que ha conllevado que la región haya acaparado hasta el 90% del total de viviendas protegidas que se han construido algunos años en toda España”. No obstante, ha subrayado, “no está resuelto el problema de la vivienda. Nasarre ha indicado que la otra “modificación notable” introducida en la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido permitir el cambio de uso de suelo de oficinas a residencial para la VPP “para aprovechar muchos locales que se han quedado sin uso como consecuencia del asentamiento del teletrabajo tras la pandemia”.
El ex director general de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de Fomento se ha referido también en su ponencia a las “novedosas leyes Ómnibus de 1992 y la más reciente de 2024” de la Comunidad de Madrid que “han modificado su régimen jurídico para constituir un instrumento importante para el desarrollo de las políticas de suelo y en concreto para su destino principal de estos patrimonios públicos de suelo que es la construcción de vivienda protegida ya sean de iniciativa pública, ya sean de iniciativa privada”. Al respecto ha opinado que la Comunidad de Madrid “ha apostado por una flexibilización de los procedimientos con una ampliación de los fines de los patrimonios públicos de suelo y con la simplificación administrativa sobre la gestión”.
Junto a Nasarre, han participado en esta clase del programa el arquitecto experto en urbanismo y profesor del Máster de Urbanismo de la universidad San Pablo CEU, Joaquín Jalvo; y el abogado experto en urbanismo y organizador del curso Alejandro Criado. En su ponencia “El planeamiento urbanístico general” el primero ha apuntado sobre las determinaciones básicas de los planes generales, que los plazos estipulados sobre el papel para finalizar un documento así “pueden sonar a estar muy lejos de la realidad” porque “la vida media de un plan asusta, tanto que existen municipios de la Comunidad de Madrid que todavía funcionan con normas subsidiarias” de modo que “llevan más de 20 años sin tener un PGOU aprobado”.
Criado por su parte ha destacado en su intervención “Las redes públicas y los patrimonios públicos de suelo: actos conceptuales” que en cuanto a la clasificación de las redes por ámbito, una red supramunicipal “puede ser la red de transporte ferroviario”, mientras que la red general “está como ejemplo el edificio del Ayuntamiento de Madrid”, y la red local, “cualquier pequeño parque que da servicio a una barriada”. Respecto a la clasificación por destino, ha considerado que las viviendas de protección oficial “deberían estar en el conjunto de las redes de equipamiento y no en la de redes de servicio”.
Se ha parado en concreto en las viviendas de protección oficial para destacar que “durante los años 50, 60 y 70 se construían miles” y para lamentar “que en la actualidad han caído en picado, se construyen muy pocas”.