Ante el absoluto fracaso de la actual Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, el Gobierno regional andaluz ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Vivienda en Andalucía que se encuentra en exposición pública para alegaciones de los ciudadanos por dos meses, desde el 30 de julio de 2024 que se publicó en el BOJA.
España vive en la actualidad un grave problema en el acceso a la vivienda, los precios de la vivienda siguen subiendo, los del alquiler también porque la oferta de alquiler es baja por la desconfianza de los propietarios frente a los impagos, y por su parte, las administraciones públicas, en los últimos años, prácticamente no están construyendo más que varios miles de viviendas protegidas al año. El número de viviendas protegidas nuevas construidas especialmente cayó en picado desde 2007, que casualmente fue el año que se estableció la previsión obligatoria en suelos de transformación urbanística en suelo urbano o rústico de un 10 y un 30% respectivamente, que en 2023 por el Gobierno nacional se ha incrementado a pesar de su inutilidad, al 20 y 40% respectivamente. Actualmente, se construyen en España menos de 5.000 viviendas protegidas al año, frente a las cerca de 80.000 viviendas anuales a finales de los años noventa o las más de 100.000 viviendas anuales que se construirán en los años sesenta, a nivel nacional.
Frente a este problema, los gobiernos regionales están intentando plantear soluciones y en Andalucía, se ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Vivienda en Andalucía Algunas medidas que se proponen ya están previstas, como la la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler. Se establecerán áreas prioritarias de mayor dificultad de acceso a una vivienda para concentrar las políticas públicas de fomento.
Además, como ha previsto la Comunidad de Madrid, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.
Acuerdo de información pública de dos meses desde la publicación en el BOJA de 30 de julio de 2024