España vive en la actualidad un grave problema en el acceso a la vivienda de las familias, los precios de la vivienda siguen subiendo, los del alquiler también porque la oferta de alquiler es baja por la desconfianza de los propietarios frente a los impagos, y por su parte, las administraciones públicas, en los últimos años, prácticamente no están construyendo más que varios miles de viviendas protegidas al año. El número de viviendas protegidas nuevas construidas especialmente cayó en picado desde 2007, que casualmente fue el año que se estableció la previsión obligatoria en suelos de transformación urbanística en suelo urbano o rústico de un 10 y un 30% respectivamente, que en 2023 por el Gobierno nacional se ha incrementado a pesar de su inutilidad, al 20 y 40% respectivamente. Actualmente, se construyen en España menos de 5.000 viviendas protegidas al año, frente a las cerca de 80.000 viviendas anuales a finales de los años noventa o las más de 100.000 viviendas anuales que se construirán en los años sesenta, a nivel nacional.
Frente a esta situación, los gobiernos regionales están tomando medidas para intentar afrontar este problema. En Madrid, el pasado 3 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Ley 3/2024, de medidas urbanísticas para la promoción de la vivienda protegida. El Gobierno regional establece una medida extraordinaria para la implantación inmediata de viviendas de protección pública en régimen de alquiler en suelos calificados de uso terciario.
En Madrid, el problema de la vivienda es especialmente grave por los precios tan altos de la vivienda, dado que es una zona inmejorable para invertir los ahorros de personas y empresas en inmuebles, lo que para las familias y matrimonios recién casados que pretenden acceder a una primera vivienda es un auténtico drama.