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En mayo de 2023 está previsto entre en vigor la nueva Ley de Vivienda de carácter nacional. Entre las medidas de ineficacia demostrada se encuentra incrementar el porcentaje de previsión para vivienda protegida en las actuaciones de transformación urbanística.

Concretamente, hace la siguiente modificación del artículo 20 de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana para incrementar del 30 al 40% la previsión de edificabilidad residencial para vivienda protegida en actuaciones de nueva urbanización y del 10 al 20% en actuaciones de reforma interior en suelo urbanizado:

«b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 40 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 20 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social.» 

La ineficacia de esta medida está más que probada porque precisamente desde la previsión de esta reserva del 30% en la Ley de Suelo de 2007, el número de viviendas protegidas construida en España se ha desplomado. Este fracaso de las políticas de vivienda y también de la reserva para vivienda protegida lo expone SERNA IGLESIAS (“Una visión panorámica sobre la necesidad de liberalizar el suelo en España”, Jesús Tomás Serna Iglesias, Práctica Urbanística, N.o 160, Sección Estudios, Septiembre- Octubre 2019, Wolters Kluwer) de la siguiente forma:

La efectividad de las políticas públicas de vivienda en España tiene mucho camino por recorrer, y para ello hace falta voluntad política. Así, en Andalucía para una demanda de 300.000 hogares (212.000 solicitu- des registradas) la respuesta desde la Junta de Andalucía consistió en la edificación de 31.000 viviendas protegidas en los últimos diez años, bási- camente en las capitales de provincia. Un informe del síndic de Greuges señala que en la Comunidad Valenciana hay 7.100 hogares al límite de pobreza en vivienda. Por otra parte, en Cataluña más de 116.300 fami- lias esperan una vivienda protegida. En poco más de siete años se han doblado las demandas mientras la producción se ha ralentizado (1.000 viviendas iniciadas el año pasado (2018) frente a las casi 10.000 vivien- das de 2008). Sólo en Barcelona casi 90.000 familias demandan un piso protegido, de los cuales el 30% son menores de 30 años. (…) La crisis redujo la construcción de vivienda protegida, de modo que entre los años 2000 y 2008 se iniciaron, de media, 72.673 inmuebles al año, mien­ tras que en el periodo 2009­2017 ese promedio bajó hasta los 24.761 inmuebles. La recuperación no ha tenido el efecto deseado ya que el año pasado (2018) se entregaron las llaves de 4.938 viviendas, la cifra más baja en 30 años.

Sin embargo, la realidad es que más importante que la reserva para vivienda protegida es la existencia de una política activa y eficiente en materia de vivienda protegida, dado que la Ley de Suelo de 1956 no estableció una reserva para vivienda protegida a pesar de lo cual, en los años sesenta y setenta se construían, según los datos que facilita EMILIO EIRANOVA (Eiranova Encinas, Emilio y otros autores “Sistema de vivienda protegida”, Editorial La Ley, 2010), aproximadamente unas 100.000 viviendas de protección oficial anuales por el Instituto Nacional de la Vivienda que adquirían los españoles en propiedad, cantidad muy superior a la que se construye en la actualidad a pesar esta reserva para este tipo de viviendas, que además se ceden más en alquiler que en propiedad, algo que evidentemente es mucho peor para el patrimonio y el ahorro de las familias, por muy positivo que se quiera ver y por mucho que se quiera comparar con otros países europeos.

Por tanto, en la actualidad se construyen un 10% de viviendas protegidas en España de las que se construían en los años sesenta en los que no había ningún tipo de reserva para vivienda protegida sino una política activa y eficaz de construcción de viviendas y de venta en propiedad a los españoles. Por otro lado, desde la previsión de la reserva para la vivienda protegida en 2007 a nivel nacional, la construcción de estas viviendas se ha desplomado en España, lo que demuestra doblemente, la ineficacia e inutilidad de la medida de la reserva para vivienda protegida, por mucho que se aumente esa reserva.

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