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El pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha ley, según su exposición de motivos, tiene como objeto facilitar el acceso a la vivienda, regulando las viviendas protegidas, así como introduciendo modificaciones puntuales en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El primer aspecto a destacar es la reforma del artículo 10.1.B.a) de la LOUA, que parece ser que fue introducido en una de sus últimas enmiendas y que además, está en estos momentos en trámites de ser nuevamente reformado. El objeto de esta primera reforma, así como de la que se está tramitando, es una regulación mucho más restrictiva respecto a la obligación de reserva de terrenos equivalentes al 30% de la edificabilidad residencial en sectores con uso residencial.

En materia de disciplina urbanística, se modifica un buen número de artículos de la LOUA para reforzar dicha potestad y además, dándole una gran importancia a las empresas suministradoras en la suspensión de las obras, puesto que se faculta al ayuntamiento a imponer a la empresa suministradora multas coercitivas en caso de incumplimiento de la suspensión del suministro del correspondiente servicio.

Alejandro Javier Criado Sánchez
Prof. de la Universidad de Cádiz

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