Madrid, 29 de abril de 2025.- El arquitecto experto en planificación estratégica José María Ezquiaga ha advertido de que España tiene un déficit de 600.000 viviendas. En su ponencia “Ejemplos de planes generales y de desarrollo”, impartida durante el XX Programa de Especialista en Urbanismo para Madrid, ha atribuido la carencia de inmuebles en el país a la migración “pero no a la que llega en pateras ni de manera ilegal, sino a la que entra de manera legal que es la que incrementa significativamente la formación de hogares”.
El profesional ha explicado que “cada persona que llega es potencialmente un inmueble nuevo” una relación numérica que sin embargo “no ha desembocado en una catástrofe social porque en el caso de las familias españolas, arraigadas, la edad de emancipación es tardía y el soporte familiar tiene mucho peso; y en el caso de la migración más reciente, sustituyen viviendas en buenas condiciones por otras peores, compartidas u ocupando las que deberían haber salido del mercado para entrar en renovación completa por su mala calidad”.
El tema no es baladí, ha subrayado Ezquiaga, porque “tenemos que adaptar el planeamiento a esta nueva realidad” cuando el sector inmobiliario “está instalado en 150.000 viviendas anuales que es la mitad de lo que se necesitaría para equilibrar la formación de hogares y la producción de vivienda”.
Igualmente ocurre, ha lamentado Ezquiaga, con la inundabilidad y las catastrófes, porque “hay un gran desajuste entre el enorme desarrollo tecnológico de la capacidad para identificar los riesgos y la capacidad reguladora”. Ha puesto como ejemplo precisamente a la Comunidad Valenciana, “que es líder en estos estudios con un nivel tecnológico óptimo”.
Ha criticado por otra parte los cambios de criterio “tan radicales que ha habido en cuanto a las viviendas de protección pública” aludiendo a la “preocupación que tenemos ahora mismo con ser capaces de generar suelo y condiciones para construirlas que no se corresponde con el énfasis que las legislaciones han ido dando a este tema”.
En líneas más generales, el ponente de esta nueva clase del XX Programa de Especialista en Urbanismo para Madrid ha señalado que “el futuro del urbanismo pasa por volver al pasado; en los años 80 se tardaba en tramitar un plan general unos cuatro años y en los 60, menos todavía; eran más esquemáticos, no tenían la intensidad de los informes sectoriales que hay ahora mismo, ni había tramitación ambiental, que son dos acotaciones importantísimas”. La segunda, ha añadido, “está aquí para quedarse aunque España tiene recorrido para mejorarla, simplificándola y flexibilizándola, siendo respetuosos con la directiva europea que se transcribió literalmente”. De los primeros ha subrayado que también “hay margen para hacerlos más ágiles en su tramitación dado que muchas veces están duplicados e incluso triplicados (Estado, autonomías y ayuntamientos) desembocando en un sumatorio de 40 o más informes sectoriales que tardan en llegar incluso más tiempo del que se tarda en elaborar un planeamiento, teniendo que dejar extraído un informe como pasó en el caso de Burgos porque el de Carreteras tardó tres años”.
Junto a Ezquiaga ha participado de nuevo en la clase del programa el arquitecto y ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, con la ponencia “El planeamiento urbanístico de desarrollo en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Los planes especiales y los estudios de detalle”. Sobre la materia en cuestión ha destacado que los planes especiales “han sido desde siempre un cajón desastre en las leyes”.
Con relación a la clasificación de los planes, ha considerado que ”se podría buscar una distinta a la que tienen” porque conforme a la actual “se puede decir que los planes especiales pueden ir en cualquier clase de suelo pero sólo en redes públicas y en los de patrimonio, pero en los suelos urbanizados sólo caben los de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, las actuaciones de dotación y las actuaciones de regeneración y reforma urbana; y en el no urbanizable, los medioambientales”.
Sobre los estudios de detalle ha señalado que en la Comunidad de Madrid “son muy limitativos porque siguen el criterio de la ley del 76 y su reglamento, algo que no ha pasado en todas las leyes autonómicas, caso de Andalucía y Castilla y León, en donde este instrumento es casi un plan parcial de reforma interior”.