La Ley de Contratos del Sector Público, publicada el 31 de octubre de 2007 y que entrará en vigor el próximo 30 de abril de 2008, sustituirá el actual texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con el objetivo de incorporar el ordenamiento español a los requerimientos de las directivas comunitarias. La inexistencia de un reglamento que la desarrolle, podría ocasionar un descenso de la obra pública, ante la falta de desarrollo de las nuevas figuras contractuales.