El acceso a una vivienda para los nuevos matrimonios que van a formar una familia depende en buena medida de las políticas públicas en materia de urbanismo y vivienda, tanto para la promoción de viviendas públicas como privadas. En un cierto momento la promoción pública de viviendas alcanzó la mejor etapa de la historia de España, concretamente los 30 años desde 1943 a 1974 que según EMILIO EIRANOVA se construyeron 3.190.960 viviendas de protección oficial. Dicha etapa contrasta con los cuarenta años de democracia desde 1981 a 2023 que según el observatorio de vivienda y suelo de 2024 del Ministerio de Vivienda, se construyeron 2404.336 viviendas de promoción pública, cantidad que va en declive hasta llegar al triste dato de 2023 de 8.646, un 9,7 % del total de las viviendas construidas, cuya comparación con los años 1963 a 1965 es aún más triste, dado que en ese trienio se construyeron anualmente más de 200.000 viviendas de protección pública, que suponían el 95% del total de las construidas en España cada uno de esos años
Por tanto, durante los años sesenta, la política de vivienda de promoción pública fue enormemente exitosa frente a los últimos 30 años que hay que destacar su enorme fracaso, especialmente en los últimos años. Dicho fracaso es una de las causas de las enormes dificultades que tienen en la actualidad los matrimonios jóvenes para adquirir una vivienda y por tanto formar una familia, lo que también repercute en el bajo índice de natalidad en España.
Los problemas que un matrimonio joven tiene actualmente al adquirir una vivienda son esencialmente de tres tipos. En primer lugar, como consecuencia de la inflación de los últimos 40 años, el valor de los salarios e ingresos respecto a los bienes de primera necesidad como la vivienda o la comida es bastante inferior a los años sesenta, en que un matrimonio con un sólo sueldo y 4 hijos podían pagar en 15 años sin grandes apuros la vivienda familiar y además podían contar con grandes facilidades con un crédito bancario, dada la pujanza económica de España que crecía al 6% del PIB.
En la actualidad, un matrimonio joven que a duras penas puede aspirar a tener un hijo o bien perro y con dos sueldos, el esfuerzo que les supone comprar una vivienda respecto de su salario es enorme y además difícilmente podrán acceder a un crédito, que es un segundo problema como consecuencia de la política bancaria europea y la desaparición de las cajas da ahorro, dado que los créditos no se conceden actualmente por más del 90% del precio de la vivienda, lo que requerirá un ahorro inicial importante para poder hacer frente al pago inicial del precio de la vivienda. El tercer problema, además del económico y financiero, es el fiscal, dado que además, los jóvenes matrimonios deben afrontar otro 10% para los gastos, que esencialmente son de impuestos como el de transmisiones patrimoniales o IVA, por lo que necesitando un total de un 20% del precio ahorrado y que puede superar los 60.000 €, salvo ayuda de los padres o ser unos privilegiados, las posibilidades son bastante bajas de comprar una vivienda y formar una familia. De ahí que sus posibilidades pasen más por un alquiler que desde luego, no es ni mucho menos que la opción de la compra que permite invertir los ahorros en un bien tangible que en el futuro podrían heredar los hijos.
Por tanto, la medida pública en la actualidad más necesaria para los jóvenes españoles que se casan y quieren formar una familia son ayudas públicas para poder afrontar el pago inicial del precio de una primera vivienda y reducir al mínimo los impuestos para la compra, algo que parece difícil debido al alto nivel de endeudamiento de España de más de un billón de euros así como el altísimo nivel de gasto público en materias claramente reducibles y parcialmente prescindibles como personal, subvenciones, ayuda exterior, gasto institucional o inmigración, que son además gastos que limitan enormemente la inversión en obras públicas y en la calidad de los servicios públicos básicos de educación, justicia y sanidad.