El pasado 7 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
Se trata de una norma de enorme interés por los aspectos que regula y modifica en relación al urbanismo y la vivienda. Sin duda el que más podría destacarse es el cambio de regulación en relación al silencio administrativo en las licencias urbanísticas en su artículo 23 al establecerlo como silencio administrativo negativo. Si bien era de esperar teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial, supone un lamentable atraso respecto al servicio que las administraciones deben de prestar a los ciudadanos.
