La Comunidad Autónoma de Cantabria es de las más afectadas por el problema de las demoliciones de viviendas, dada la enorme proliferación de urbanizaciones ilegales en suelo no urbanizable de especial protección, lo que ha derivado en la mayoría de supuestos en daños irreversibles para ecosistemas naturales, de muchisima más gravedad que cuando se dan en suelo urbano o suelo no urbanizable sin especial protección.
El pasado 4 de abril de 2011 se aprobó por el parlamento autónomico de Cantabria la Ley 2/2011 que modifica la Ley de Suelo de Cantabria (descargar), que establece que la demolición de las viviendas establecidas por sentencias judiciales no se podrán ejecutar hasta que no haya finalizado el procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial, se haya establecido en su caso el importe de indemnización y se haya puesto éste a disposición del perjudicado. Pretende esta Ley, en definitiva, dar solución a un problema social que, sin embargo, cuenta con la oposición de colectivos como la Asociación de Defensa de Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).
