El problema más grave al que se enfrenta el urbanismo en la actualidad es la inseguridad jurídica del planeamiento urbanístico, dado que es tal la complejidad normativa, y más especialmente la ambiental, que no es difícil anular los planes urbanísticos, lamentablemente, en vía judicial.
El drama se debe a que al tener la consideración de normas jurídicas la existencia de vicios formales en el mismo no son subsanables como ocurre en los actos administrativos cuando éstos son vicios de anulabilidad, sino que la consecuencia es su anulación completa.
La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2020 fija una nueva doctrina sobre la nulidad de los Planes de urbanismo por vicios o defectos en la elaboración del planeamiento, permitiendo su anulación parcial y no total.
