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Un plan viable para el promotor puede generar costes para el Ayuntamiento: dos memorias distintas

Un plan viable para el promotor puede generar costes para el Ayuntamiento: dos memorias distintas

Que una operación urbanística pueda financiar sus obras no demuestra, por sí solo, que el Ayuntamiento pueda sostener los servicios que resulten de ella. El artículo 22 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana separa dos preguntas económicas que conviene no confundir.

El apartado 4 exige que la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística incluya un informe o memoria de sostenibilidad económica. Su atención se dirige al impacto en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de infraestructuras, así como por la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes.

El mismo apartado exige ponderar la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. Por tanto, no basta con comprobar que el presupuesto inicial de urbanización está cubierto: la norma pide mirar las consecuencias económicas públicas de la nueva ordenación.

El apartado 5 aborda otra cuestión. Para la ordenación y ejecución de actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, exige una memoria que asegure la viabilidad económica en términos de rentabilidad, adecuación a los límites del deber legal de conservación y equilibrio entre beneficios y cargas para los propietarios incluidos en el ámbito.

La diferencia tiene una aplicación práctica sencilla. Un expediente puede justificar el equilibrio de la operación para la propiedad y, sin embargo, necesitar un análisis separado del coste de conservar sus calles, mantener sus instalaciones y prestar sus servicios. A la inversa, un efecto público asumible no demuestra por sí solo que la distribución de cargas entre propietarios sea viable.

La lectura del texto vigente requiere además una cautela jurídica concreta: las letras a) a e) que desarrollaban el apartado 5 fueron declaradas inconstitucionales y nulas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017. No deben presentarse como una lista estatal hoy exigible por ese precepto. El análisis de cada expediente debe completarse con la legislación autonómica y las reglas aplicables a la actuación.

Fuente: BOE, artículo 22 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Imagen: esquema editorial original de Revista de Urbanismo, de carácter conceptual. No es una fotografía, un plano técnico ni una representación del proyecto municipal.