El pasado 2 de diciembre se aprobó en la Asamblea Legislativa Andaluza la nueva Ley de Vivienda sin el compromiso presupuestario necesario para construir las viviendas protegidas de gestión autonómica que la región necesita.
La nueva norma ha salido adelante únicamente con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo tanto de Vox en Andalucía como de los grupos parlamentarios de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
La Ley establece medidas interesantes para facilitar el incremento de las 800 viviendas de protección pública que anualmente se construyen en Andalucía frente a las más de veintemil que se construían a principios de lo años ochenta por el Ministerio de Vivienda. No obstante, lamentablemente no ha habido un compromiso serio de inversión pública por parte de la Junta de Andalucía, que debería rondar los 200 millones de euros anuales para que se construyan desde la autonomía 2000 viviendas de protección pública anuales, con independencia de las que se construyan desde el Estado y los Ayuntamientos, y que en total deberían llegar a las 10.000 viviendas de protección pública anuales en la región, preferentemente en régimen de alquiler.
No obstante, el objetivo marcado es la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos 5 años y que de alcanzarse sería un relativo éxito al ser el número equivalente de las viviendas que anualmente se construían en los años ochenta.