La Agenda Española 2019, suscrita por el Ministro Jose Luis Ábalos en dicho año, es la versión nacional de la Agenda 2030 por el cambio climático y se centra fundamentalmente en aspectos del urbanismo y la vivienda a nivel nacional. Esta Agenda es el principal referente de las recientes leyes urbanística de España como la de Andalucía, así como también es el principal referente de los planes urbanísticos que se tramitan.
El planteamiento considero que no es acertado y además es incoherente y contradictorio, dado que algunos de sus planteamientos son incompatibles entre sí.
España ha pasado de un planteamiento más o menos liberalizador del suelo de la Ley de Suelo de 1998 a un planteamiento conservador y contrario al crecimiento de la Ley de Suelo de 2007 que se ha ido incorporando y ampliando en la legislación urbanística de las distintas regiones de España como el caso de Andalucía, dado que la LISTA plantea en su artículo 35 la necesidad de que el suelo residencial deba desarrollarse obligatoriamente en continuidad del suelo urbano y además siempre que se cumplan una serie de requisitos como el interés general de la actuación, entra otras. Realmente Andalucía da un impulso a la sostenibilidad, como se denomina su propia Ley (Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) dado que establece planteamientos aún más contrarios al crecimiento de las ciudades que la Ley de Suelo de 2007 y su texto refundido de 2015.
El planteamiento de «evitar la dispersión urbana», es decir, el crecimiento de las ciudades, es sin duda una política que va a impulsar la disminución de la salida al mercado de suelo y de viviendas, aumentando aún más las dramáticas bajas cifras de viviendas construidas en España, que desde 2011 están muy lejos de la demanda de más de 200.000 viviendas anuales.
A quien va a beneficiar esta política de no crecimiento y de aumento progresivo de la demanda y de disminución progresiva de la oferta de suelo es a los grandes fondos de inversión extranjeros que están invirtiendo en el mercado inmobiliario desde la crisis del mercado financiero en 2007, que van a especular como nunca antes en España, dado que ese es el efecto de poner aun más frenos a la oferta de suelo urbanizado y a la oferta de nuevas viviendas, además de lo ya existentes desde el punto de vista ambienta, sectorial y urbanístico.
A quién va a perjudicar estas políticas de incrementar los obstáculos para el desarrollo de suelo es a las familias más humildes y los trabajadores que se van a ver obligados a alquilar de por vida a precios igualmente inasumiles. De ahí que los objetivos de la izquierda 1 a 5 son totalmente incomplatibles y contraproducentes para los objetivos de la derecha de 6 al 10, dado que precisamente serán contrarios a la cohesión social, a la economía, al acceso a la vivienda, a la innovación y a los instrumentos de gobernanza.
En todo caso, estos son los planteamientos de los planes urbanísticos de los últimos años y estemos preparados para una subida cada vez mayor y una dificultad cada vez mayor para acceder a una vivienda salvo que haya un importante cambio de rumbo político en España, algo que no parece fácil a corto plazo.
España necesita un urbanismo más simple y flexible, para lo cual es necesario simplificar la normativa urbanística, ambiental y sectorial, así como eliminar la normativa y trámites innecesarios. Sólo así, junto con otras medidas necesarias de carácter económico, de gestión pública y de carácter financiero, se ampliará la oferta de suelo y vivienda y los españoles podrán hacer hacer efectivo el derecho que les reconoce el artículo 47 CE de acceso a una vivienda digna y adecuada, tanto de promoción pública como privada:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»
Precisamente la limitación del suelo disponible, es decir, la política de la Agenda Española 2019 de «evitar la dispersión urbana», es una regulación de la utilización del suelo que no parece sea de acuerdo al interés general para impedir la especulación, sino que por el contrario, permite incrementar la especulación del suelo y la vivienda en perjuicio de las familias más humildes y con menos recursos y en beneficio de intereses particulares, concretamente de las empresas que son grandes tenedoras de suelo y de viviendas.