Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo tienen un destino legal específico. El artículo 52 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana parte de su aplicación a vivienda sujeta a protección pública, con las salvedades que el propio precepto establece.
No basta con invocar de forma genérica el interés público para destinarlos a cualquier gasto. El apartado primero admite otros usos de interés social cuando los prevea la legislación aplicable, especifique los fines admisibles y exista correspondencia con los instrumentos de ordenación. Cita fines urbanísticos, de protección de espacios naturales o del patrimonio cultural y determinados fines socioeconómicos ligados a operaciones integradas de regeneración urbana.
El apartado segundo limita el precio de adjudicación de ciertos terrenos obtenidos mediante el deber de cesión y destinados a vivienda protegida. La transmisión, incluida la posterior, no puede superar el valor máximo de repercusión del suelo correspondiente al tipo de vivienda. La limitación debe constar en el expediente y en el acto o contrato de enajenación.
Las condiciones de destino, obligaciones y plazos incorporados a las enajenaciones pueden acceder al Registro de la Propiedad. El artículo distingue sus efectos cuando se configuran como causa de resolución y cuando operan como notas marginales. La inscripción no sustituye la necesidad de definir correctamente las condiciones del negocio.
La reducción de deuda municipal es una excepción del apartado quinto, no una habilitación general. Exige presupuesto aprobado, liquidación de los ejercicios anteriores, registro del patrimonio actualizado, correcta contabilidad, acuerdo plenario motivado con devolución y autorización previa del órgano de tutela financiera. Las cantidades utilizadas deben reponerse en un máximo de diez años conforme a las anualidades aprobadas.
Antes de disponer de estos recursos hay que identificar su procedencia, su integración legal en el patrimonio separado, el destino propuesto y la normativa autonómica aplicable. La calificación de un bien como municipal, por sí sola, no permite concluir que pertenezca al patrimonio público de suelo ni que pueda gastarse sin esas condiciones.
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