Una obra puede estar físicamente terminada sin que hayan concluido todos los trámites de su contrato. En los contratos públicos de obras, el artículo 243 de la Ley 9/2017 distingue la recepción, la certificación final, el plazo de garantía y la liquidación. Comprender esta secuencia evita confundir la apertura de una instalación con el cierre completo de sus obligaciones.
La recepción comprueba el estado de la obra y su adecuación a las prescripciones del contrato. Intervienen un facultativo representante de la Administración, la dirección facultativa y el contratista, que puede acudir asistido por su propio técnico. Si las obras están en buen estado y se ajustan a lo previsto, se levanta el acta y comienza el plazo de garantía.
Si no pueden recibirse, el acta debe reflejar los defectos. La dirección de obra detalla las instrucciones y fija un plazo para corregirlos. La norma prevé un nuevo plazo improrrogable o la resolución del contrato si el contratista no cumple: la terminación material no elimina la necesidad de verificar la conformidad.
La certificación final debe aprobarse, con carácter general, dentro de los tres meses siguientes a la recepción. En obras de valor estimado superior a doce millones de euros y con medición y liquidación especialmente complejas, los pliegos pueden ampliar ese plazo, sin superar cinco meses. Su abono se realiza a cuenta de la liquidación, por lo que tampoco debe equipararse automáticamente a esta.
El plazo de garantía lo fija el pliego según la naturaleza y complejidad de la obra y, salvo casos especiales, no puede ser inferior a un año. En los quince días anteriores a su cumplimiento, la dirección facultativa debe informar sobre el estado de las obras. Un informe desfavorable por defectos de ejecución, y no por el uso, da lugar a instrucciones de reparación y a un plazo para realizarlas.
La ley admite recepciones parciales de fases susceptibles de entrega al uso público cuando el contrato lo prevé. También regula los efectos de una ocupación efectiva o puesta en servicio acordada por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas. Por ello, la ausencia de un acta formal no permite afirmar sin más que nunca se han producido efectos de recepción.
El cierre del plazo de garantía tampoco borra toda responsabilidad. El artículo 244 contempla supuestos de ruina o deterioros graves por vicios ocultos y determinados daños estructurales, con responsabilidad durante quince años desde la recepción en los términos legales. La lectura de un expediente debe separar estos hitos y revisar el contrato y sus actas, en vez de utilizar terminado, recibido y liquidado como sinónimos.
Ilustración gráfica original de Revista de Urbanismo. No representa una fotografía ni el proyecto real.
Fuente: BOE, Ley 9/2017, artículos 243 y 244.