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Alejandro.CriadoEste Plan de Protección del Litoral de Andalucía, que se encuentra en información pública hasta el 31 de octubre, tiene como objetivo esencial proteger los valores ambientales y paisajísticos de los terrenos próximos a la costa que no se han desarrollado urbanísticamente, además de garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público marítimo terrestre.

Para ello, establece en primer lugar distintas zonas de protección sobre 78 sectores cercanos a la costa aún no desarrollados, para su automática paralización y en su caso ajuste por el planeamiento urbanístico a los usos y actividades posibles, que en ningún caso son residenciales.

Concretamente establece como zona de protección ambiental sobre 3 sectores en Almería, zona de protección territorial I sobre 17 sectores y zona de protección territorial II sobre 58 sectores. En todos ellos el futuro planeamiento deberá clasificarlos como suelo urbanizable de especial protección y en el caso de los suelos de protección ambiental II se permitirán ciertos usos turísticos.

Finalmente, resulta interesante señalar los condicionantes de aquellos suelos no específicamente protegidos pero si incluidos en la zona de influencia del litoral de 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre, que en los futuros planes generales que se aprueben, podrán desarrollarse teniendo en cuenta que sólo en la franja de los 200 a los 500 metros podrán clasificarse como suelo urbanizable o urbano no consolidado, pero los usos posibles serán únicamente dotacionales u hoteleros.

Se trata por tanto de un plan territorial que en la línea del resto de planes territoriales de la Comunidad autónoma de Andalucía, pretende evitar la excesiva concentración de usos residenciales  en la costa para mantener la línea de calidad de vida y belleza que diferencia las costas de Andalucía con las de otras Comunidades. Sin embargo, es innegable su efecto económico negativo por el momento actual de graves dificultades económicas y en cierta medida dificultará la recuperación económica al impedir el desarrollo de actuaciones urbanizadoras que traerían el progreso y empleo en el momento que más se necesita.

 

Alejandro Criado Sánchez 

Abogado urbanista

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